Producto del citado error, a mediados de mayo del año pasado, la Dirección de la Propiedad Industrial, actualmente a cargo del Abog. Héctor Balmaceda, otorgó el Registro Nº 423.632, Clase 3, de la marca “Miraderm”, a nombre de Alí Hassan Kazan.

Sin embargo, el proceso adoleció de una grave irregularidad, consistente en la omisión de la oposición por parte de la firma Pharma Internacional SA, que no fue tenida en cuenta, supuestamente por la equivocación cometida por el funcionario Rafael Mendoza, que llamativamente no adjuntó la oposición al expediente de solicitud de registro.

Pero allí no termina la cosa. A raíz de una queja presentada por el abogado y agente de marcas de Pharma International SA, Víctor Abente Stewart, el director de Propiedad Industrial (interino), Héctor Balmaceda, dictó una resolución tratando de rectificar el error. Esta decisión, sin embargo, fue denunciada por el Sindicato de Funcionarios de Dinapi como una grave irregularidad ante la Secretaría Nacional Anticorrupción, a cargo de Soledad Quiñónez Astigarraga.

En su presentación, el sindicato señala que estos procedimientos irregulares, que transgreden el marco legal, recaen en la Dirección General de Propiedad Industrial y la Dirección de Marcas, respectivamente.

Dice que para tratar de “subsanar” tales irregularidades, fueron simplemente cambiados los datos en el sistema informático de la Dinapi, como si se tratara de una providencia “por contrario imperio, sin daño irreparable” a ninguna parte actora. “Vemos ligereza y desconocimiento de la norma, como la Ley 1.294/98, Art. 54, y reglamentos”, asevera el sindicato.

Procedimiento ilegal

El sindicato señala que un título de marca, una vez concedido, no puede ser simplemente borrado del sistema informático de la institución y revocarlo por una resolución administrativa, ya que la misma Ley de Marcas, en su Art. 53, dicta -entre otras cosas- que el derecho a propiedad de una marca se extingue a) Por renuncia del titular. b) Por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro, y c) Por la declaración judicial de nulidad o de caducidad por el no uso del registro.

Agrega que el Art. 54 establece que la autoridad judicial será competente para entender en una acción de nulidad de un registro obtenido. Expresa, asimismo, que en este caso “llama poderosamente la atención” el sigilo con que se ha pretendido manejar estas situaciones graves ante la opinión pública, considerando que el acceso a esos datos es libre a través de página web de la institución.

Intervención

El sindicato manifiesta que, de comprobarse estas graves situaciones, que se reflejan en los documentos presentados, justifica la realización de una intervención y una auditoría de gestión de los documentos especialmente finiquitados y que pueden individualizarse con el simple acceso al sistema informático de la Dirección General de la Propiedad Industrial, dependiente de la Dinapi.

Doble cargo

Por otra parte, en una nota presentada al ministro secretario de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, el sindicato de Dinapi denuncia que desde el mes de julio de 2015 se encuentra vacante el cargo de Dirección General de Propiedad Industrial (hoy ocupado por el también director director de Observancia, Héctor Balmaceda), debido a la renuncia del anterior director que había sido nombrado por concurso público. “Recurrimos en queja contra la falta de aplicación de las normas tan habladas, pero que no vemos que estén siendo aplicadas”, dice.

Ante el “exceso de tiempo transcurrido”, el sindicato pide llamar a concurso correspondiente, haciendo respetar la disposición presidencial a quien corresponda, ya que las normas son creadas para su cumplimiento a todos quienes ocupan cargos o funciones públicas.

Sobre el punto, dice que existen “innumerables profesionales, honorables e idóneos” para ocupar el cargo vacante, y que está siendo ocupado ilegalmente por el abogado Balmaceda. “Solicitamos atención, revisión y corrección del incumplimiento de las normativas previstas, tanto en la Ley 4.798/12, de creación de la Dinapi, así como también de la Ley 1.626/00, de la Función Pública”, subraya.

“Error está subsanado”

Al ser consultado sobre la denuncia sindical, el director de Observancia de Dinapi y director interino de la Dirección de Propiedad Industrial, Héctor Balmaceda, admitió que se otorgó el título, pero que al verificarlo, ante la manifestación del representante de Pharma International SA, que se opuso al proceso, se dio cuenta de que hubo un error, que no se adjuntó el expediente de oposición al de Registro. “El error fue de un funcionario antiguo, que lo reconoció. Es un caso entro las 8.000 oposiciones presentadas al año”, dijo.

Afirmó que, ante esa situación, dictó otra resolución revocando la que otorgaba el registro, tal como lo prevé la misma Ley de Marcas, y que la marca se está tramitando normalmente en estos momentos en Asuntos Litigiosos de la Dinapi, de donde tiene que salir un “resultado final”.

En cuanto a la supuesta adulteración de expedientes, afirmó que a él nadie le corrió traslado de dicha denuncia. “Yo me enteré de la misma cuando la Dra. Patricia Stanley, directora de Dinapi, fue a exponer ante el Consejo de la Magistratura (en su intento de convertirse en fiscal general del Estado). Allí salió una cantidad de denuncias del Sindicato, pero de todos modos tomé conocimiento en forma vaga”, expresó.

Sobre el punto, aseguró que en la Dinapi no se puede adulterar nada, porque el sistema informático tiene un “espejo”, que si se borra algo, queda registrado de que eso sucedió y quién lo hizo. Insistió en que está facultado por las mismas normas a realizar las correcciones pertinentes.

En cuanto a la ocupación de otro cargo, que está vacante hace dos años, contestó: “Lastimosamente yo no puedo resolver nada sobre los concursos, eso está a cargo de la directora nacional. Lo que yo estoy haciendo es ayudarle, porque en aquel momento hubo esa renuncia y me designó en forma interina. Yo hago todo lo posible por trabajar, con el mismo salario que percibo por mi cargo, y creo que no he desentonado. El año pasado hemos quitado 15.000 títulos, superando las cifras del 2015, y esta es la única denuncia que tenemos. O sea, mi trabajo está a la vista”.