Cientos de ciudadanos de todo el país salieron nuevamente a las calles al atender el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que invitó a marchar hasta las sedes del Poder Electoral de todo el país pero desde varios puntos del territorio se reportaron escenarios de represión con gases lacrimógenos y perdigones.

Efe pudo constatar cómo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) dispersó con gas lacrimógeno y disparos de perdigones marchas que se dirigían al Consejo Nacional Electoral (CNE) desde varios puntos de Caracas.

Varios dirigentes opositores informaron en la red de que efectivos de la GNB aplicaron una “brutal represión” contra los manifestantes en el interior del país o les impidieron llegar a las sedes del Poder Electoral.

Al término de la protesta en Caracas al menos 20 personas fueron detenidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Los aprehendidos, jóvenes y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) en su mayoría, fueron montados en un camión de carga y trasladados hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el oeste de la capital venezolana.

Los centros de salud de los municipios caraqueños Baruta y Chacao, gobernados por la oposición, han contabilizado cerca de 20 lesionados, cuatro de ellos con heridas múltiples por impacto de perdigón.

Entretanto la tensión política se mantuvo con acciones ejecutadas contra el Ejecutivo y en desconocimiento del Judicial desde el Ministerio Público y el Parlamento, controlado por la oposición.

La Fiscalía citó, en calidad de imputado, al excomandante general de la GNB, Antonio Benavides, en el cargo hasta este mes, por la presunta comisión de “violaciones” a los derechos humanos durante la ola de manifestaciones que atraviesa el país caribeño.

En un comunicado el organismo informó que la citación al actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, considerado en el chavismo un “héroe” por su labor ante las protestas, es “por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” y fue fijada para el próximo jueves 6 de julio.

La Fiscalía reveló que, hasta la fecha, adelanta además 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales.

“De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares”, indicó.

Además, la fiscal general, Luisa Ortega, pidió a la Asamblea Nacional ratificar al vicefiscal Rafael González, luego de que su designación, hecha por la funcionaria, fuera considerada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ante ello el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, aseguró que tramitará “lo más pronto posible” la solicitud de la fiscal que, consideró, “ratifica su compromiso con la Constitución”.

Desde el Legislativo además se emprendió una nueva acción contra el jefe del Poder Ciudadano, el defensor del pueblo Tarek William Saab.

Dos diputados acudieron al Supremo en nombre de la Cámara y solicitaron una calificación de “falta grave” contra el ombudsman para que la Asamblea Nacional pueda removerlo de su cargo.

A juicio del diputado Juan Miguel Matheus, uno de los demandantes, el defensor “no ha adelantado ninguna gestión verdadera” para la “reparación de los derechos fundamentales” de los venezolanos durante las protestas, a favor y en contra del Gobierno, que se desarrollan en el país desde el pasado 1 de abril.

El Gobierno, por su parte, citó en la sede del Supremo al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y les informó sobre el “ataque terrorista” que sufrió la instalación de la corte el pasado martes por parte de un agente policial que disparó y lanzó granadas a bordo de un helicóptero.

El canciller, Samuel Moncada, criticó que muchos Gobiernos no han manifestado a Venezuela su solidaridad por este ataque y denunció que supuestamente existe “una campaña para ocultarlo” desde medios de comunicación nacionales e internacionales.

El atacante, Óscar Pérez, sigue en fuga por lo que Maduro pidió a los venezolanos ayudar a capturarlo.

Al final, la Fiscalía informó del fallecimiento de Alfredo Figuera, un joven de 18 años que fue herido el lunes durante una protesta en el norte del país y que elevó a 80 el total de fallecidos en medio de la crispación social y política.